La defensa de casos: una función esencial del Trabajo Social

Cuando pensamos en el Trabajo Social, es habitual asociarlo con la orientación, el acompañamiento o la gestión de recursos. Sin embargo, existe una competencia profesional menos conocida y, al mismo tiempo, fundamental para la disciplina: la defensa de casos.

La defensa de casos consiste en actuar para garantizar que los derechos, las necesidades y los intereses legítimos de una persona sean tenidos en cuenta cuando existen barreras que dificultan su acceso a recursos, servicios o una atención adecuada. No se trata de "dar la razón" a la persona en cualquier circunstancia, sino de velar porque reciba un trato justo, equitativo y respetuoso con su dignidad y sus derechos.

¿Qué significa defender un caso?

Las personas no siempre se encuentran en igualdad de condiciones para hacer valer sus derechos. En ocasiones existen situaciones de vulnerabilidad derivadas de problemas de salud, discapacidad, dificultades económicas, discriminación, violencia, exclusión social o simplemente del desconocimiento del funcionamiento de las instituciones.

En estos contextos, el trabajador o la trabajadora social puede desempeñar un papel fundamental identificando obstáculos, analizando la situación desde una perspectiva biopsicosocial y promoviendo las acciones necesarias para que la persona pueda acceder a los recursos o apoyos que necesita.

La defensa de casos no implica sustituir la voz de la persona, sino fortalecer su capacidad para participar en las decisiones que afectan a su propia vida. Siempre que sea posible, el objetivo es favorecer su autonomía y que sea la propia persona quien pueda ejercer sus derechos con el apoyo profesional necesario.

¿Cómo se lleva a cabo la defensa de un caso?

La defensa de casos puede adoptar formas muy diversas, dependiendo de las necesidades de cada situación. Algunas de las actuaciones más habituales son:

• Informar a la persona sobre sus derechos y las alternativas disponibles.

• Elaborar informes sociales que reflejen de forma objetiva su situación y necesidades.

• Coordinar la intervención con otros profesionales o servicios.

• Facilitar la comunicación entre diferentes instituciones cuando existen dificultades de coordinación.

• Acompañar a la persona durante determinados procesos administrativos o sociales especialmente complejos.

• Detectar situaciones de vulneración de derechos y promover actuaciones que contribuyan a corregirlas.

  
  

En todos los casos, la intervención debe realizarse desde criterios técnicos, éticos y basados en la evidencia, evitando que las decisiones respondan únicamente a opiniones personales o juicios de valor.

Defender derechos no significa enfrentarse a las instituciones

Una idea equivocada relativamente frecuente consiste en pensar que la defensa de casos implica mantener una actitud de confrontación con las administraciones o con otros profesionales. En realidad, ocurre justamente lo contrario.

La defensa de casos busca favorecer la colaboración entre todas las partes implicadas para encontrar la respuesta más adecuada a las necesidades de la persona. En muchas ocasiones, esto requiere mejorar la coordinación entre servicios sanitarios, sociales, educativos o judiciales, aclarar información, revisar procedimientos o aportar una valoración profesional que contribuya a una mejor toma de decisiones.

Cuando se detectan situaciones que pueden estar perjudicando a una persona, el deber ético del trabajador social consiste en ponerlas de manifiesto de forma fundamentada y respetuosa, siempre priorizando el bienestar de la persona atendida y el respeto a los principios de la profesión.

Una intervención centrada en la persona

La defensa de casos forma parte de una práctica profesional comprometida con los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas. Su finalidad no es decidir por ellas, sino garantizar que puedan participar activamente en las decisiones que afectan a sus vidas y que sus necesidades sean valoradas de manera adecuada.

En Centro de Psicoterapia Lumos entendemos que muchas dificultades personales no pueden comprenderse únicamente desde una perspectiva individual. El contexto familiar, social e institucional también influye en el bienestar de las personas. Por ello, cuando la situación lo requiere, la defensa de casos constituye una herramienta más dentro de una intervención integral, coordinada y centrada en la persona, siempre desde el respeto a su autonomía y a sus derechos.